En junio, en la corte federal del Distrito de Columbia, el Fondo de la Asociación para
la Justicia Civil (en inglés, Partnership for Civil Justice Fund, PCJF)
presentó una demanda legal basada en el Acta "Libertad de Información",
en contra del Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque el departamento
rehusó entregar los materiales en su posesión sobre los pagos secretos
del gobierno de Washington a periodistas basados en Miami. Esos
reporteros cubrieron el caso de los Cinco antes de su juicio, durante el
juicio y durante la deliberación del jurado. La prensa perjudicó
irreparablemente a los Cinco con sus reportajes incendiarios.
Ahora, como resultado de la demanda del PCJF, el Departamento de Estado ha recibido orden de la Corte de presentar, de manera expedita, los documentos en su posesión. Se ordenó presentar la primera ronda comenzando en octubre.
"Este es un paso adelante importante,"
dijo la abogada Mara Verheyden-Hilliard, Directora ejecutiva del PCJF.
"Los documentos que el Departamento de Estado rehusaba presentar cubren
un período crucial para los Cinco Cubanos. Los documentos que pedimos
expondrán los pagos del gobierno a los periodistas miamenses en el
tiempo, precisamente, en que el gobierno procesaba a los Cinco", añadió.
Los antecedentes
Los abogados del Fondo de la Asociación para la Justicia Civil presentaron el 5 de junio una
demanda legal bajo el Acta "Libertad de Información (FOIA)" contra el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque la entidad
gubernamental rehusó entregar los materiales sensibles en su poder,
sobre los pagos secretos del gobierno a periodistas radicados en Miami,
basados en que estaban informando sobre el caso de los Cinco Cubanos
antes del juicio, durante el juicio y mientras el jurado deliberaba.
La
demanda del FOIA fue presentada en nombre del periódico Liberación, de
Estados Unidos, en octubre del 2010, solicitando los documentos sobre
los pagos a los periodistas entre las fechas de 1998 a 2002. Los Cinco
fueron arrestados el 12 de septiembre de 1998, el juicio de 7 meses
comenzó en noviembre de 2000, y terminó en junio de 2001.
El abogado Carl Messineo, director legal del PCJF, explicó el objetivo
de la demanda legal, cuando fue entregado a la corte en junio de 2013: "Es evidente que el gobierno manipuló la opinión pública
para avanzar en sus fines políticos y de procesamiento. Esta demanda
legal busca los materiales relevantes. Ellos no tienen derecho de
esconder su mala conducta".
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