Tributo a Leonard Weinglass

En la madrugada del sábado 12 de septiembre de 1998, con un aparatoso despliegue de fuerzas, el Buró Federal de Investigaciones arrestó en Miami a Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert. Fueron llevados a un centro de detención federal y, de inmediato, sometidos a confinamiento solitario, en celdas de castigo, aislados del mundo, en lo que allá se conoce como “el hueco”. En tales condiciones habrían de permanecer durante los 17 meses siguientes.

 Los Cinco no tenían antecedentes penales, no intentaron escapar o resistir a sus captores, nunca habían violado ley alguna, ni alterado la tranquilidad del vecindario. Pero se les negó la libertad provisional bajo fianza a la espera de un juicio que no comenzaría hasta finales del año 2000 y en el que serían representados por abogados de oficio designados por el tribunal, quienes tuvieron que enfrentar numerosos obstáculos para comunicarse con sus defendidos o para acceder a las evidencias, clasificadas todas como “secretas”, las cuales todavía son reclamadas, al día de hoy, por la defensa.

Ya en la mañana de aquel sábado, la prensa reportaba que oficiales del FBI se habían reunido, para darles cuenta del suceso, con Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln Díaz-Balart —“legisladores” de prosapia batistiana— y daba inicio contra los Cinco el “tamboreo propagandístico” para usar una expresión de Noam Chomsky.

 Los jóvenes, a quienes nadie podía ver o escuchar, serían presentados desde entonces como “peligrosos criminales” cuyo propósito era, nada más y nada menos, “destruir a los EE.UU.”.

Un complicado proceso judicial, el más prolongado de la historia, tras recorrer una empinada senda hasta las puertas, que les fueron cerradas, de la Corte Suprema, está ahora en su etapa final, el procedimiento extraordinario que, en la jerga norteamericana, llaman Habeas Corpus y que debe ser resuelto, ante todo, por la misma Corte que los juzgó en primera instancia.

 En junio de 2010, Gerardo presentó su recurso pidiendo la anulación de su condena o que se le permita comparecer ante el tribunal para refutar las falsas acusaciones formuladas en su contra. La Fiscalía se opuso a la solicitud y el tribunal aún no ha respondido.

 A mediados del pasado año, su nuevo representante legal, Martin Garbus, introdujo una iniciativa que busca, además, forzar al Gobierno a exhibir evidencias claves hasta ahora ocultas.

 Desde que presentó su moción a favor del Habeas Corpus de Gerardo, Garbus espera que la gran prensa norteamericana se de por enterada. Es un jurista eminente involucrado en varios casos que han tenido alto relieve en los medios, ha escrito libros acogidos muy favorablemente por la crítica especializada, y sus artículos y ensayos han encontrado espacio en publicaciones de amplia circulación. Se le considera como uno de los principales expertos en el sistema judicial de EE.UU., especialmente en cuestiones relacionadas con la Primera Enmienda de la Constitución. Su solicitud trata que el gobierno sea obligado a revelar la información relativa a la conjura con un grupo de “periodistas” que recibieron pagos de agencias oficiales mientras atendían el caso en que su representado era el principal acusado.

 Él insiste en que la batalla legal en que ahora está enfrascado tiene un carácter excepcional, sin precedentes, en la trayectoria de ese país. Sin embargo, apenas atrae la atención del público. Algo aún más sorprendente ya que en el centro de su demanda están, precisamente, los medios y el papel de la prensa.

 Ya en agosto de 2005, el panel de la Corte de Apelaciones había decidido por unanimidad anular el juicio que tuvo lugar en Miami contra Gerardo y sus cuatro compañeros condenados allí por luchar contra los grupos terroristas anticubanos que operan desde esa ciudad. El argumento principal de los jueces fue que aquel proceso había sido, en realidad, una crasa violación a los principios constitucionales. Más que un juicio, fue, según los magistrados, “una tormenta perfecta de prejuicios y hostilidad”.

 Al año siguiente se filtró, en un artículo que dejó sin empleo a su redactor, que esa “tormenta perfecta”, desatada en la prensa local, había sido financiada por el Gobierno, con recursos extraídos del presupuesto federal. Desde entonces, septiembre de 2006, varias organizaciones de la sociedad civil norteamericana han hecho incansables gestiones para que el gobierno muestre lo que esconde acerca de esa operación: ¿cuántas personas participaron, cuánto les pagaron, quién la dirigió y cómo se realizó?

 Pese a que el gobierno se ha resistido a los esfuerzos realizados al amparo de la denominada Ley de Libertad de Información ha sido posible reunir algunos datos que prueban que se trató de una operación multimillonaria cuyas dimensiones, aún desconocidas en su totalidad, carecen de punto de comparación en el pasado estadounidense.

 Garbus ha acompañado su petición con una declaración jurada en la que, poniendo en juego su autoridad moral y su prestigio profesional, denuncia frontalmente la conducta ilegal del Gobierno y la entraña corrupta de la conspiración. En su declaración aporta nuevos datos, fruto de una investigación acuciosa y difícil, sobre los “periodistas” pagados por el gobierno: todos, sin excepción, están vinculados con o pertenecen a conocidos grupos terroristas, algunos fueron condenados como tales por tribunales norteamericanos y aún promueven abiertamente el culto a la violencia. Esos “periodistas” inundaron los medios locales con miles de artículos e informaciones —más de cinco por día durante el desarrollo del proceso— que se repetían día y noche en las emisoras locales de radio y televisión, una campaña de la que nadie podía escapar, en ninguna parte de la comunidad miamense.

 Ese ambiente se produjo, incluso, antes del comienzo del juicio durante la etapa de selección de las personas que integrarían el Jurado, la mayoría de las cuales expresaron temores por las consecuencias que para ellas y sus familias tendría un fallo absolutorio, y recordaron los violentos disturbios asociados al secuestro del niño Elián González cuya liberación, mediante una acción sorpresiva de fuerzas especiales enviadas desde Washington, acababa de ocurrir.

 La labor de los “periodistas” no se limitó a las actividades normales de quienes desempeñan ese oficio. Desde la instalación del tribunal, junto con la intensificación de la campaña mediática, se repitieron incidentes con los miembros del Jurado y también con abogados defensores y testigos que se quejaron a la Jueza Lenard por la persecución y el hostigamiento a que eran sometidos por los “periodistas”. La Jueza, por su parte, no solo reconoció que existía miedo entre los jurados causado por las acciones de los “periodistas” sino que pidió a la Fiscalía que la ayudase a poner fin a esa situación. Como consta en las actas del tribunal, la señora Lenard lo hizo desde los días iniciales hasta el final de un juicio que duró siete meses. Obviamente, sus ruegos no fueron escuchados. Era imposible que el Gobierno la ayudase porque era precisamente el Gobierno el que organizaba, pagaba y dirigía a los provocadores, algo que la jueza, como el resto del mundo, desconocía.

 Además de utilizar a los “periodistas” incluidos secretamente en su nómina el Gobierno ejerció su influencia para que los medios locales contratasen para desempeñar similar función a individuos que nunca habían ejercido la profesión, algunos incapaces de redactar un par de cuartillas, que eran veteranos agentes de la CIA o habían sido miembros de la brigada mercenaria derrotada en Playa Girón, o habían cumplido condenas por acciones terroristas en Cuba o en EE.UU. Toda la operación fue también un imperdonable agravio al periodismo, una profesión cuyos principios y valores fueron groseramente pisoteados por el gobierno, hecho absolutamente sin precedentes, que no había ocurrido antes y que, al menos hasta ahora, no se ha repetido en EE.UU.

 La conspiración mediática tuvo un doble carácter. Por una parte los medios locales de Miami fueron empleados como instrumentos para imponer un ambiente de odio irracional, de verdadera histeria colectiva que condenaba de antemano a los acusados y, como si esto fuera poco, para asegurar el veredicto anticipado, impusieron el terror sobre los miembros del jurado. Por la otra parte, fuera de Miami, han decretado la más férrea censura silenciando completamente el caso de los Cinco.

 El juicio más largo en la historia de Norteamérica; en el que participaron como testigos almirantes, generales y altos oficiales, incluyendo un asesor principal del Presidente de EE.UU.; en el que rindieron testimonio, sin mostrar remordimiento, varios jefes terroristas, algunos vistiendo sus atuendos guerreros; un juicio que involucró las relaciones internacionales y cuestiones de seguridad nacional y terrorismo, temas que la prensa norteamericana seguía con obsesión, en pleno auge de la guerra de Bush contra el terrorismo.

 Ese juicio, sin embargo, no tuvo la más mínima cobertura en los medios de comunicación de EE.UU. Ni una palabra apareció nunca en los grandes diarios o revistas, ni en las cadenas de televisión o de radio, ni siquiera en los canales televisivos que, dedicados a reseñar, exclusivamente los pleitos de tribunales, trasmiten veinticuatro horas todos los días. Ni una palabra.

 Curiosamente, los corresponsales de esos medios nacionales en Miami reportaban el juicio cotidianamente pero solo para sus audiencias locales y algunos participaban también gozosamente en el asedio constante a los atemorizados miembros del Jurado.

 El silencio  mediático sigue acosando a los Cinco héroes cubanos a lo largo de un prolongado proceso apelativo que aún continúa. Sistemáticamente han ocultado momentos importantes de la contienda legal que habrían sido noticia si no hubiera existido la orden de no divulgarlos. Prácticamente nada se ha publicado sobre: la decisión de Agosto de 2005 del panel de la Corte de Apelaciones anulando lo sucedido en Miami y disponiendo se celebrase un nuevo juicio en otra sede; la decisión de esa misma Corte, en 2009, revocando las sentencias impuestas respecto al Cargo 2 (Conspiración para cometer espionaje) porque, unánimemente, los 14 jueces determinaron que en este caso no había nada que afectase la seguridad nacional de EE.UU. ni prueba alguna de espionaje;  el recurso presentado por la propia Fiscalía en mayo de 2001 y su solicitud de retirar la acusación formulada contra Gerardo (Cargo 3, Conspiración para cometer asesinato) reconociendo que no podía sustentarla. Estos son tres ejemplos de acontecimientos que merecieron titulares de primera página pero fueron deliberadamente sepultados.

 La lista de omisiones es larga. Solo agregaré las numerosas ocasiones en las que el Gobierno y el propio tribunal admitieron que la verdadera acusación contra los Cinco era la de haber luchado en Miami contra los grupos terroristas y que proteger a estos era el objetivo del juicio. El propósito de respaldar a los terroristas fue más allá del injusto y desmesurado castigo carcelario a los Cinco. A las sentencias impuestas a todos —incluso a Gerardo, condenado a morir dos veces en prisión— les fue agregada, a petición del gobierno, la llamada cláusula de “incapacitación”, o sea, la prohibición específica, una vez fuera de prisión, de intentar cualquier daño a los terroristas. Por extraño que parezca esa delirante restricción allá mantiene plena vigencia. A René González, quien está ahora retenido contra su voluntad en territorio norteamericano^1. se lo recordó la Jueza al salir de la prisión: “Como una condición especial adicional de la libertad supervisada se le prohíbe al acusado acercarse o visitar lugares específicos donde se sabe que están o frecuentan individuos o grupos tales como terroristas”. Todo lo anterior puede encontrarse visitando el sitio oficial del Tribunal del Sur de la Florida y leyendo el caso EE.UU. versus Gerardo Hernández et al. Ahí está la verdad de este caso, disponible para quien se atreva a divulgarla.

 Tampoco han dado cuenta los grandes medios norteamericanos de los incontables reclamos a favor de los Cinco del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU o de Amnistía Internacional, o de varios parlamentos nacionales, o el número excepcionalmente elevado de Amicus (documentos de apoyo) dirigidos a la Corte Suprema de EE.UU., suscritos, entre otros, por diez Premios Nobel y por centenares de organizaciones y personalidades, incluyendo juristas, parlamentarios y religiosos de todo el planeta.

 Hasta ahora han hecho caso omiso al Habeas Corpus, la Declaración Jurada y otros documentos presentados por Martin Garbus. Entre tanto, el gobierno no solo se opuso a esta petición, también le ha pedido a la Corte que la elimine, que no quede siquiera en la historia legal del caso y la haga desaparecer por completo. Esta insólita acción de la Fiscalía, por supuesto, tampoco ha sido noticia.

 El gobierno quiere evitar cualquier examen de su operación secreta con un grupo de “periodistas” para lograr la más severa condena de cinco personas inocentes. Trata de impedir a toda costa que el asunto sea discutido y que trascienda a la opinión pública porque sabe que se trata de una clara violación a la Constitución y un acto de prevaricación sin precedentes que lo obligaría a poner en libertad inmediatamente a Gerardo y sus compañeros. Nunca antes se conoció de semejante transgresión a las normas del debido proceso. La jurisprudencia norteamericana está repleta de casos en que por faltas incomparablemente menores, incluso por errores procesales o técnicos, los juicios han sido anulados y los acusados devueltos a la libertad.

 El eje de la campaña mediática —sobre la que Washington no quiere que se hable— fue la acusación contra Gerardo, su supuesta participación, que el propio gobierno reconoció le fue imposible probar, en el incidente del 24 de febrero de 1996 provocado por la intromisión ilegal en territorio cubano de tres aeronaves de un grupo terrorista asentado en Miami y el derribo de dos de ellas por la defensa antiaérea cubana.

 Este cargo completamente inventado no formaba parte de la acusación inicial y fue incorporado medio año después del arresto de los compañeros mientras ellos estaban encerrados en “el hueco”, imposibilitados de replicar. Lo agregaron tras un intenso despliegue noticioso sobre los reclamos de los grupos terroristas y de reuniones entre ellos y los fiscales que culminaron en la presentación de una imputación completamente falsa que envenenó aún más el ambiente y habría de ocupar más tarde la mayor parte del juicio.

 La falsedad absoluta de ese cargo está perfectamente documentada. Según el Acta acusatoria el FBI había descubierto quién era Gerardo y lo que hacía en Miami, por lo menos desde 1994, dos años antes del suceso, pero no lo arrestaron ni lo acusaron entonces cuando la ciudad era dominada por la histeria anticubana con manifestaciones llamando a la guerra y mientras en la Casa Blanca, según registra Clinton en sus Memorias, se le proponía al Presidente bombardear a Cuba. ¿Quién puede creer que no habrían actuado contra el “culpable” del incidente si lo hubieran tenido allí mismo en Miami controlado por el FBI? Tampoco lo acusaron cuando lo detuvieron casi tres años más tarde, el 12 de septiembre de 1998. La calumnia surgió solo después, en mayo de 1999, luego de lanzarla en los medios y convertirla en el tema predilecto de la Fiscalía y sus “periodistas”. Tan falaz y endeble era la imputación contra Gerardo que así lo reconoció la misma Fiscalía, como ya se dijo, en mayo de 2001, poco antes del veredicto. A esas alturas era ya demasiado tarde, pues el Jurado, víctima del terror, solo emitiría un fallo de culpabilidad. Gerardo fue condenado a morir en prisión por un supuesto delito que ya no era sostenido por los acusadores.

 Pero, para colmo, lo castigaron por un “crimen” que no existió, algo que sabían desde el primer día las autoridades norteamericanas quienes han mentido y mienten procazmente sobre el acontecimiento y sus consecuencias. Para respaldar esta afirmación es preciso dar mi testimonio personal.

 Manhattan fue testigo

 Poco después de haber llegado a New York, en el verano de 1996, encontré a un amigo que era el conductor del principal noticiero de una de las cadenas nacionales de televisión. En aquellos días, era escasa la actividad diplomática en Naciones Unidas y a él le sorprendió encontrarme allí cuando la modorra estival parecía esquivar cualquier novedad.

 Le conté que venía de Montreal donde el Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional acababa de aprobar su informe sobre lo ocurrido el 24 de febrero de ese año. En los próximos días, el Consejo de Seguridad de la ONU lo discutiría en una reunión en la que me correspondería representar a Cuba.

 Mi sorpresa fue mayor que la suya cuando le escuché decir que no reportaría esa reunión como tampoco lo harían las otras cadenas nacionales. “No diremos absolutamente nada”, me dijo, “aunque te pares en medio de la reunión y le arrojes un vaso de agua a la cabeza de Madeleine Albright”, refiriéndose a la dama que entonces era la embajadora norteamericana ante la ONU y que después sería Secretaria de Estado.

 De todos modos me pidió organizar un encuentro al que invitaría a unos pocos especialistas de su empresa para examinar el tema, obviamente “off the record” puesto que para ellos era un terreno vedado. Lo hicimos en su oficina, desde cuyos ventanales podía verse el animado desplazamiento de personas y vehículos en la cercana Avenida Broadway.

 Llevé el documento elaborado por los investigadores de la OACI y se los expliqué párrafo a párrafo. Las peripecias de la comisión encargada de esclarecer lo sucedido, su infructuosa búsqueda en EE.UU. de testigos y datos elementales que había forzado a postergar varias veces la discusión en el Consejo de la OACI hasta el último día, justo para concluir su sesión anual. Las dudas, objeciones y protestas de varios miembros del Consejo.

 La naturaleza de las aeronaves empleadas en la provocación a las que los medios norteamericanos bautizaron para siempre como “avionetas civiles desarmadas” pese a que, en los manuales oficiales norteamericanos que les mostré, se precisa su uso como el avión O-2 en tareas paramilitares como las que desempeñó en la guerra de Vietnam. En el caso específico de las involucradas en el incidente habían participado en la guerra recién concluida en El Salvador y el Informe incluía fotos que mostraban todavía en algunos fuselajes la inscripción USAF (Fuerzas Aéreas de EE.UU.). Referí la larga lista de provocaciones anteriores, nuestras protestas oficiales y el intercambio de notas diplomáticas incluyendo aquellas en las que el Departamento de Estado pedía datos sobre las violaciones cometidas, agradecía su entrega y nos comunicaba que habían iniciado el proceso para retirarle su licencia de vuelo a José Basulto, el jefe del grupo y responsable de ataques con bombas contra Cuba desde los años 60.

 Comenté también que habíamos hecho gestiones discretas a altos niveles de las que resultó la promesa de poner fin a las provocaciones.

 La investigación de la OACI registraba el testimonio de funcionarios norteamericanos que señalaron estar advertidos de antemano de que algo iba a ocurrir y habían tomado medidas previamente para documentar el suceso. En paradoja incomprensible, sin embargo, solo entregaron a última hora las informaciones contradictorias de algunos de sus radares y comunicaron que otras habían sido destruidas sin explicación.

 Se negaron a la solicitud que entonces les hiciera la OACI para acceder a las imágenes que del incidente habían tomado los satélites norteamericanos. Hacer imposible que nadie más pueda ver esas imágenes ha sido y es la terca posición de Washington todavía 16 años después del incidente.

Los únicos objetos de las avionetas destruidas fueron encontrados por Cuba dentro de su mar territorial a cuyas aguas solicitaron permiso para entrar los navíos norteamericanos después de su infructuosa búsqueda fuera de nuestros mares. A pesar de que, como lo sabe cualquiera, las corrientes marinas en esa zona los habrían alejado de nuestro espacio e impulsado hacia el norte.

 El único testimonio “imparcial” que hallaron los investigadores fue el de un marino de origen noruego, pero radicado en Miami, capitán del crucero Majesty of the Seas que tiene su sede y opera desde esa ciudad y quien les fue presentado por las autoridades norteamericanas. Según este señor, había visto ocurrir el derribo en un punto de las aguas internacionales aunque muy próximo a Cuba. Alegó haber hecho algunas anotaciones en un pedazo de papel y solo las inscribió en su bitácora después de ser visitado por oficiales del Buró Federal de Investigaciones. Ningún otro tripulante, nadie más de quienes iban a bordo del crucero fue entrevistado. Datos curiosos: la empresa que opera ese barco es uno de los principales contribuyentes de la Fundación Nacional Cubano-Americana y el capitán es un notorio militante “anticastrista”. Estos reveladores detalles no aparecen en el Informe de la OACI aunque sus redactores sí dejaron constancia de que no habían podido comprobar independientemente dónde estaba el Majesty of the Seas cuando ocurrió el incidente.

 Fue un intercambio animado y respetuoso. Mis interlocutores, pese a ser periodistas especializados en cuestiones internacionales, manifestaron total desconocimiento del asunto, de su contexto y antecedentes y expresaron sincero interés por aprender, sin dejar de manifestar frecuentemente su asombro.

La conversación derivó hacia la Ley Helms-Burton que el Presidente Clinton había promulgado pocos meses antes. Todos los interlocutores lamentaron el agravamiento de las relaciones con Cuba y repitieron al unísono que lo más deplorable del asunto era que el incidente había puesto fin a los esfuerzos del inquilino de la Casa Blanca por mejorar la situación y lo había forzado a aceptar un texto al que él y sus principales asesores se oponían.

 El coro se interrumpió cuando les dije simplemente: “You are dead wrong” y les mostré otro documento al tiempo que les conté cómo llegó a mis manos.

 Ocurrió también en Manhattan casi un año antes, en 1995. Estaba reunido, en absoluta privacidad, con una persona que ocupaba entonces un alto cargo en el Departamento de Estado y sigue perteneciendo hoy a ese organismo. Para la fecha ya el proyecto de Ley había recibido la aprobación de la Cámara de Representantes y se especulaba, entre los entendidos, si recibiría también el voto del Senado que dependería de la actitud que frente al texto tuviese la Casa Blanca, y la persona con quien charlaba a solas cerca del siempre apacible East River me preguntó cómo yo apreciaba la situación. Me embarqué en un análisis basado en la información a mi alcance hasta que me interrumpió: “You are dead wrong” y me entregó el documento que ahora les mostraba a periodistas especializados en problemas internacionales de una red de televisión que abarca toda Norteamérica y va más allá.

Se trata del texto de la Ley Helms-Burton y el intercambio electrónico entre la dirección del Departamento de Estado y los principales jefes del Consejo de Seguridad Nacional en el que estos últimos, de modo muy explícito, daban luz verde al engendro legislativo.

 No fue esa la única vez que coloqué ante los ojos de algún periodista norteamericano un documento que prueba irrefutablemente que la Administración Clinton había aceptado la Ley Helms-Burton desde 1995, mucho antes del incidente de 1996, el cual sería utilizado después como falaz justificación para lo que ya había sido pactado con anticipación. Me he cansado de enseñarlo a quienes se supone tienen el oficio de informar. Ninguno lo convirtió en noticia. Nadie ha dicho nada jamás sobre su existencia. Tampoco lo hicieron los que participaron en aquel encuentro en el corazón de Manhattan. Se pasaron el documento, mano a mano, lo revisaron uno tras otro, mientras yo los miraba a la espera, inútilmente, de alguna reacción. El silencio fue total. Solo lo interrumpía el bullicio que llegaba del exterior.

 Para concluir la reunión, el siempre recordado amigo dijo más o menos estas palabras: “¿Comprenden ahora por qué no podemos publicar nada sobre este tema?”.

 Cuando me retiré, ya los letreros publicitarios de la gran avenida reemplazaban la claridad disipada del atardecer.

 Un par de días después se celebró la reunión del Consejo de Seguridad, de la que salió la señora Albright seca y sin un solo rasguño. Ningún medio norteamericano publicó nada sobre esta discusión en la ONU.

 Años más tarde, alejada ya ella de responsabilidades gubernamentales, en una entrevista televisiva la vi confesar que aquella reunión del Consejo de Seguridad había sido su experiencia diplomática más difícil. Como había sido totalmente silenciada por los grandes medios me temo que nadie entendió sus palabras.

 El derribo de las avionetas fue utilizado como burda excusa para enrarecer aún más las relaciones entre los dos países. Resonaron entonces los tambores de la guerra y como alternativa se intensificó el bloqueo económico que fue, además, codificado con la Ley Helms-Burton, vergonzoso adefesio que el Presidente Clinton firmó en grotesca ceremonia en la que abdicó prerrogativas presidenciales, gesto sin memoria en las crónicas de la Casa Blanca.

 El incidente, además, ilustra como pocos el papel no solo desinformativo sino también embrutecedor de las grandes corporaciones mediáticas. Gracias a una censura que es tan eficaz como insidiosa, pues se ejerce sobre un pueblo al que se le hace creer, cínicamente, que está más informado que nadie, multiplicando incesantemente la mentira y castrando el espíritu crítico al reducir la capacidad de análisis con la constante repetición de fórmulas y consignas a la usanza de la publicidad comercial, esas corporaciones imponen una verdadera dictadura de alcance global, pero que convierte al pueblo norteamericano en su primera y principal víctima.

 Se ha hecho pensar a muchos que el 24 de febrero de 1996 —cuando Cuba atravesaba la peor crisis económica de todos los tiempos y no contaba con el apoyo de ningún otro estado— el gobierno cubano había decidido provocar la guerra con EE.UU., atacando aviones norteamericanos en aguas internacionales. La irracionalidad de semejante teoría salta a la vista. Cuba no habría tenido nada que ganar y sí muchísimo que perder con una conducta que hubiera sido un absurdo suicidio colectivo.

 ¿Cómo explicar tal actitud en un país que nunca, en toda su historia, ha sido agresor de nadie?

Los antecedentes están perfectamente documentados aunque totalmente silenciados. Antes de febrero de 1996, el grupúsculo terrorista autodenominado Hermanos al Rescate había realizado decenas de incursiones al territorio nacional, todas y cada una de ellas protestadas por Cuba ante el Departamento de Estado y denunciadas públicamente.

 El suceso del 24 de febrero de 1996 fue precedido de reiteradas advertencias de La Habana por canales diplomáticos y otras vías privadas, pero también abiertamente ante los medios de comunicación social. El jefe del grupo provocador había hecho también repetidas declaraciones públicas, desafiando las leyes norteamericanas, anunciando la continuación de sus vuelos y alardeando de que seguiría haciéndolo porque Cuba estaba supuestamente en una situación tan crítica que no podía defenderse.

En cualquier caso, la acusación contra Gerardo es también un insulto a la inteligencia y al sentido común. Hace mucho tiempo que existen los radares que son los instrumentos que todos los estados emplean para detectar los movimientos de los aviones. Los datos sobre todos los vuelos entre Miami y La Habana, incluido el del 24 de febrero de 1996, los recibieron las autoridades cubanas de los controladores de vuelo del país vecino desde que las aeronaves despegaron. Para recibir esas informaciones, en tiempo real, no se requería de los servicios de nadie más. Que ese día ocurriría un vuelo lo había anunciado Basulto mucho antes en provocadoras y estridentes declaraciones que disfrutaron amplia difusión.

 Toda la discusión técnica acerca del lugar exacto donde ocurrió el lamentable suceso debería resultar muy esclarecedora para cualquier persona con capacidad de razonar. Estamos hablando de distancias aéreas que se miden en segundos de diferencia. El gobierno de Washington reconoció que la aeronave que conducía Basulto había penetrado el territorio cubano y por eso le retiró la licencia de piloto. En cuanto a las dos avionetas derribadas que siempre acompañaron e iban próximas a la de Basulto, Washington alega que estaban fuera de nuestro territorio, aunque muy cerca de él, cuando fueron interceptadas. Según el informe de la OACI, sin embargo, desde que llegaron frente a la capital las tres volaron juntas en línea recta rumbo sur hasta que se produjo la interrupción del vuelo. Tómese en cuenta que, en cualquier caso, incluso en la versión norteamericana, en unos pocos minutos habrían atravesado la ciudad de La Habana y cruzado la Isla hasta la costa sur.

 Se podrá discutir eternamente la ubicación precisa del lugar donde se produjo el hecho, pero nadie cuestiona que ocurrió muy cerca de la Isla de Cuba y de la zona de mayor concentración urbana, el centro de la ciudad de La Habana. La acción de los cazas cubanos tuvo un carácter eminentemente defensivo, no se realizó dentro del mar territorial norteamericano, ni cerca de él, ni siquiera dentro del ancho espacio internacional que separa ambas fronteras marítimas. Toda la discusión técnica giró acerca de la distancia del hecho y la línea fronteriza cubana, distancia que en términos de velocidad aérea se mide en segundos, pero nadie cuestiona que ocurrió en un punto muy próximo a lugares por los que, en ese instante, un pueblo inerme se movía libre y confiado, ajeno por completo al peligro.

Aquella tarde de sábado frente al litoral habanero se realizaba una competencia deportiva acuática y a lo largo del Malecón se hacían los preparativos para el último desfile del carnaval, mientras miles de habaneros se desplazaban hacia el estadio de béisbol para asistir a un juego decisivo entre el equipo insignia de la capital y uno de sus principales rivales, mientras que muchos otros, en la Universidad y junto al Malecón celebrábamos el cuadragésimo aniversario de la fundación del Directorio Revolucionario.

 ¿Cuál habría sido la respuesta norteamericana si una provocación parecida se hubiera producido cerca de la desembocadura del río Hudson frente a la isla de Manhattan?

 En cuanto a la patraña sobre el carácter “civil” de las avionetas, pese a que así las bautice con machacona insistencia la propaganda yanqui, lo que define su carácter no es la supuesta naturaleza intrínseca de las aeronaves sino su uso, tal como prescriben los protocolos de la OACI. Los aviones empleados en las acciones terroristas del 11 de septiembre de 2001 eran aparatos comerciales que transportaban pasajeros pero a nadie se le ocurriría decir que su vuelo tenía un carácter civil.   

 Chomsky empleó el calificativo de “disciplinados” para describir a los grandes medios de comunicación norteamericanos. Su relación con las autoridades y con los dueños de los principales resortes de la economía —los grandes propietarios que según los redactores de la Constitución debían ser quienes gobernasen el país y así lo han hecho desde la independencia de las Trece Colonias— es muy específica y peculiar. No opera con los resortes comunes a las dictaduras tradicionales como las que sufrieron en muchas ocasiones los países latinoamericanos. Allá no instalan censores en las salas de redacción para dictaminar sobre lo que puede o no publicarse. El sistema es más sutil y resulta más eficaz.

 Se basa en un dato fundamental de la realidad contemporánea. Los diarios y revistas principales, al igual que la radio y la televisión, no son, como antaño, vehículos independientes para la diseminación de informaciones y opiniones. Quienes los poseen integran poderosos conglomerados que controlan otras actividades de la llamada industria cultural y del entretenimiento, y están estrechamente asociados, a su vez, con otras ramas de la economía. Los dueños de los medios de información, en otras palabras, son inseparables de los grupos monopólicos que en EE.UU. ejercen el verdadero poder. Nadie tiene que obligarles a mentir o a ocultar la verdad si eso es lo que conviene a intereses que también son suyos. Lo saben los directores de esos medios y los periodistas bien informados. Basta una llamada telefónica para recibir la “guía informativa” que allá todos conocen lo que significa.

 Ese es, en el fondo, el obstáculo principal que encaran los Cinco luchadores antiterroristas cubanos presos en EE.UU.

 Gerardo lo dijo hace ya bastante tiempo. Solo “un jurado de millones” les hará justicia.

¿Cómo formar ese jurado? ¿Qué hacer para que la verdad llegue a millones de personas que no la conocen porque dependen de los grandes medios para saber qué pasa en el mundo que los rodea? ¿Cómo hacerlo si esos medios se empeñan precisamente en ocultarla?

 Para ello se requiere multiplicar los esfuerzos que se llevan a cabo en todo el mundo, para que alcancen niveles superiores, en amplitud y eficacia, hasta transformarse en una fuerza social real capaz por sí misma, sin contar con los dueños de la información, de movilizar a la opinión pública en los EE.UU. y obligar a su Presidente a hacer lo que debe y puede hacer: poner en libertad inmediatamente y de modo incondicional a los Cinco, a todos y cada uno de ellos, sin excepción alguna.

 Esa es una facultad que la Constitución otorga, de manera exclusiva y sin limitación de ningún tipo al Presidente de los EE.UU. Para Barack Obama no debería ser difícil si se basa en lo que en esta materia ha heredado su Administración.

 Contra los Cinco se formularon dos Cargos importantes: el Cargo Dos (conspiración para cometer espionaje) y el Cargo Tres (conspiración para cometer asesinato). Los fundamentos de ambos habían sido demolidos por un tribunal superior o por la propia Fiscalía antes que Obama fuera electo Presidente.

 La Corte de Apelaciones ya determinó por unanimidad que las sentencias relacionadas con el supuesto espionaje eran ilegales y las anuló.

 La Fiscalía de George W. Bush admitió su fracaso respecto al Cargo Tres y pidió retirarlo en una acción excepcional (Emergency Petition for Writ of Prohibition).

 Sin embargo, el arbitrario castigo discurre ya por su décimoquinto año. Mientras ellos cumplían su injusto encierro, otros individuos fueron sancionados en EE.UU. por espionaje real o incluso por la comisión de actos terroristas y salieron en libertad porque les fueron impuestas sentencias incomparablemente menores. Desde luego, ninguna de esas personas eran patriotas cubanos juzgados en Miami.

 La cruel injusticia contra Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René es, por encima de todo, un mensaje muy claro para todo el pueblo de Cuba. Ellos fueron condenados por combatir el terrorismo que ha sido promovido por sucesivas administraciones norteamericanas y que ha causado muerte y dolor a varias generaciones cubanas a lo largo de más de  medio siglo. La perpetuación del castigo contra ellos significa que esa política criminal sigue vigente y continúa como una grave amenaza sobre los cubanos y las cubanas de hoy y de mañana. No es razonable imaginar una mejor relación entre ambos países mientras esta situación persista. Obama sabe que mejorar las relaciones con Cuba es un factor importante para una vinculación constructiva y respetuosa con los países de América Latina y el Caribe, algo que él ha declarado como uno de los objetivos de su gobierno.

 Para convencer al Presidente es necesario que el caso de los Cinco sea verdaderamente una causa que interese y motive a millones de norteamericanos que desgraciadamente, hay que reconocerlo, poco o nada conocen al respecto, porque se les ha prohibido acceder a ella. Es grande la tarea para quienes se empeñan en liberarlos.

 El líder histórico de la Revolución cubana, el compañero Fidel Castro, en discurso memorable proclamó: “Solo les digo una cosa: Volverán”. Pero no se trata de esperar a que vuelvan. Se trata de hacerlos volver, usando los instrumentos al alcance de cada cual, desde las acciones solidarias en las calles, hasta el rezo, la poesía y la canción. Que cada cual se plantee con toda sinceridad la pregunta que se hacen los niños de La Colmenita en la hermosa obra Abracadabra: “¿Y ahora qué más podemos hacer?”

 Es un desafío que reclama voluntad de acero y requiere también creatividad en el uso de todas las vías alternativas que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación para derribar el muro de silencio que levantan los monopolios mediáticos.

Solo así podrá constituirse ese jurado de millones. Es una pelea difícil pero que puede culminar con la victoria. “Porque nada hay encubierto, que no haya de descubrirse; ni oculto, que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas” (San Lucas 12, 2.3).    

• U.S. District Court for the Southern District of Florida. United States vs. Gerardo Hernández et al.
• Transcript of Trial before the Honorable Joan A. Lenard.
• Transcript of Sentencing Hearings before the Honorable Joan A. Lenard.
• U.S. Government Emergency Petition for Writ of Prohibition before the U.S. Court of Appeals for the Eleventh Circuit, May 30, 2001
• United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit No. 01-17176, 0311087, August 9, 2005
• Martin Garbus: Declaración Jurada, 17 de agosto de 2012.
• Martin Garbus: Memorándum de Respuesta a nombre de Gerardo  Hernández solicitando que se anulen su condena y sentencia o, en su defecto, se haga cumplir la acción exhibitoria y se le conceda una audiencia oral, 31 de agosto de 2012.